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Pedro Oller [email protected] | Martes 10 junio, 2014

Parece que todo se reduce a una rencilla personal entre la expresidente Chinchilla y La Nación. Y con eso basta para dar al traste con los beneficios derivados de un instituto legal como la conciliación y con su aporte a mejorar la recaudación en el país

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Me temo, de cara a lo que ha ocurrido en los últimos días, que estamos a punto de satanizar nuevamente un verbo que encierra acciones positivas. Tal como pasó con pactar (circa 1995) y concertar (circa 1998), existe una clara intención en el mismo sentido respecto de conciliar.
Dice la RAE que conciliar es “Componer y ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos entre sí. Conformar dos o más proposiciones o doctrinas al parecer contrarias”.
En materia legal, la conciliación es un instituto previsto por la Ley No. 7727 o Ley RAC en su Capítulo Segundo.
Entre sus principios está la libertad de conciliar, sea que nadie puede ser obligado a ello; se puede realizar en cualquier momento, incluso se puede conciliar parcialmente respecto de asuntos en los que hay acuerdo; y, en los casos judiciales, estos deben ser homologados por un juez.
Lo anterior establece que la conciliación tiene por objeto que las partes se pongan de acuerdo respecto de un conflicto y dentro de un marco legal claramente establecido, garantizando la integridad del proceso.
No obstante, la semana pasada la conciliación se puso en entredicho. Lejos de su semántica y por razones que nada tienen que ver con su valor, la conciliación está hoy en la picota.
Tal como ocurrió con el Pacto Calderón – Figueres o con el Proceso de Concertación de la administración Rodríguez, pesa más la inferencia que lo constatable. Se impone la duda.
No ayudó la ambivalencia del presidente Solís frente a la determinación del ministro Fallas sobre la conveniencia nacional de restaurar la posibilidad de conciliar en materia tributaria.
Posibilidad que existe, valga decir, en casi cualquier otra jurisdicción. Tampoco sirve de apoyo la posición fundamentalista del PAC sobre el tema por razones político electorales que afectan a Víctor Morales Zapata.
Tal parece que todo se reduce a una rencilla de carácter personal entre la expresidente Chinchilla y La Nación.
Y con eso basta para dar al traste con los beneficios derivados de un instituto legal como la conciliación y con su aporte a mejorar la recaudación en un país que lo pide a gritos.

Pedro Oller

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