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Compras Públicas: una reforma pendiente

Shirley Saborío [email protected] | Jueves 31 enero, 2019

Cuando hablamos de economía es claro que para todos hay puntos de preocupación permanente, entendiendo que no es un fin en sí mismo, sino el nivel de bienestar de la población y que hay elementos que las cuentas nacionales tradicionales no cuantifican.

Es claro que nos preocupa el enorme peso del Estado frente a muchos casos de ineficiencia, ineficacia, burocracia, privilegios de unos u otros, y por supuesto, los casos de corrupción. Y preocupa no porque la criatura crezca, sino porque su peso incide en la salud de todos los demás actores. Un Estado que gasta mucho más de lo que recibe, debe endeudarse; si lo hace internamente presiona las tasas de interés que pagan todos los deudores en el país; si lo hace afuera es en moneda extranjera y además de la tasa de interés, debe tomar en cuenta el valor de la moneda de la deuda (que no controla). Además, si el dinero solo alcanza para comer, se posponen todos los planes de inversión y se vive al día. En este sentido, y dada la aprobación de la reforma fiscal en diciembre anterior; es de esperar que las autoridades (del Ejecutivo y el Legislativo) avancen en las materias pendientes; tamaño del Estado, empleo público, eficiencia del gasto y, evidentemente, el tema de las inversiones públicas.

Que el déficit fiscal haya sido menor al previsto inicialmente es importante, pero falta seguir haciendo un esfuerzo. En este sentido, el tema de la eficiencia del Estado en el sistema de compras públicas es fundamental. No solo es el mayor comprador del país, sino que debería legislar sobre todo el Estado en este sentido, no solo para transparentar las compras, sino para aprovechar las economías de escala. Las condiciones varían por monto y plazo, y por ello, es de esperar que una de las prioridades es que se transparente el proceso por oferentes, montos y adjudicaciones.

De acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial y del Banco Interamericano para el Desarrollo, el Gobierno podría ahorrarse hasta $430 millones anuales e invertir ese dinero en la reducción del desempleo y de la pobreza si contara con un sistema de compras públicas más eficiente y transparente.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado que los procesos de compras públicas, en particular de contratación administrativa, tienen debilidades en todas sus fases: planificación, desarrollo y ejecución contractual. Estos señalamientos también los ha hecho la Contraloría General de la República, y siendo que la Ministra de Hacienda es excontralora y es la actual rectora en materia de compras públicas, la oportunidad es única. Ojalá la aprovechemos.

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